Aunque el calendario fijado por Ibarreche para su nuevo Plan estaba fijado con anterioridad a esa fecha, el pasado día 10 de marzo, el siguiente a la celebración de las últimas elecciones generales, y probablemente sin que nadie se lo pidiera, a tenor del pobre resultado obtenido por el PNV, Javier Arzalluz afirmó que la solución a los continuos reveses electorales de su partido pasaba por radicalizar las posturas.
A lo largo de la democracia los resultados de los nacionalistas, pese a obtener reiteradas mayorías, no han despuntado en ninguna ocasión. Tras el éxito obtenido en las elecciones autonómicas de 2001 -marcadas por circunstancias muy especiales-, el PNV y el resto del nacionalismo gobernante inició una curva descendente en su aceptación electoral que aún no ha acabado. La atonía electoral desde entonces es lenta pero continúa.
De forma paralela la organización ETA, tanto en lo referido a su facción armada como al entramado civil, viene sufriendo en los años que han transcurrido de esta década serios reveses, sin duda generados en gran medida por los nuevos instrumentos legislativos adoptados por el Estado para afrontar el fenómeno terrorista.
No sería ésta la primera ocasión en la que los dirigentes de la facción soberanista del PNV creen ver en el declive de ETA un adelanto del suyo propio. Tras la detención de los máximos dirigentes de la banda terrorista en 1992, ambas organizaciones iniciaron un ciclo de conversaciones que condujo al Pacto de Estella, suscrito en 1998. El detonante del acuerdo fueron los acontecimientos a los que dio lugar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El mundo nacionalista temió que la reacción ciudadana ante aquellos hechos supusiera el fin definitivo del terrorismo y que la ‹‹corriente›› arrastrara al nacionalismo en su conjunto. Los dirigentes del PNV y EA se lanzaron a la estrategia que, a su juicio, podía sacarles del estancamiento electoral que venían sufriendo defendiendo exclusivamente posturas autonomistas.
Podemos apreciar analogías entre la postura de los partidos nacionalistas aún gobernantes y las adoptadas por los mismos en el pasado inmediato. La última propuesta soberanista de Ibarreche, planteada en los mismos términos agónicos que la anterior, bien podría constituir un nuevo salto en el vacío ante el temor al fin definitivo del terrorismo y, por ende, de la pérdida de la relativa hegemonía electoral de la que han dispuesto hasta ahora.
La consulta planteada por Ibarreche, apoyada por cierto con más entusiasmo por EA y EB que por los dirigentes del PNV, contiene un claro mensaje que bien podría considerarse un intento de chantaje emocional a la ciudadanía vasca y española en su conjunto. Desde el comienzo de la democracia el nacionalismo no violento asumió la existencia de un conflicto histórico de naturaleza política, cuya solución sólo podría pasar por la negociación política entre los agentes implicados en el mismo: las fuerzas nacionalistas que, según ellos, representarían al Pueblo Vasco y los partidos de ámbito estatal, que serían los representantes del Estado. El ‹‹conflicto››, formulado a partir de presupuestos nacionalistas debe tener, obviamente, una solución en el sentido de satisfacer al menos la demanda de autodeterminación, aunque ésta no se apoye en una base social relevante.
Ante la actual debilidad de ETA, en todas sus expresiones, y el lento pero continuo declive electoral del nacionalismo en el poder, la nueva apuesta que trata de aprovechar el último coletazo del terrorismo, tomando el relevo de ETA en el terreno conquistado por ésta para la soberanía, advirtiendo a la ciudadanía y a los poderes del Estado que el fin del terrorismo sólo es posible si se hacen las concesiones políticas que satisfagan sus principales aspiraciones, en gran medida coincidentes con las de los violentos.
A lo largo de la democracia los resultados de los nacionalistas, pese a obtener reiteradas mayorías, no han despuntado en ninguna ocasión. Tras el éxito obtenido en las elecciones autonómicas de 2001 -marcadas por circunstancias muy especiales-, el PNV y el resto del nacionalismo gobernante inició una curva descendente en su aceptación electoral que aún no ha acabado. La atonía electoral desde entonces es lenta pero continúa.
De forma paralela la organización ETA, tanto en lo referido a su facción armada como al entramado civil, viene sufriendo en los años que han transcurrido de esta década serios reveses, sin duda generados en gran medida por los nuevos instrumentos legislativos adoptados por el Estado para afrontar el fenómeno terrorista.
No sería ésta la primera ocasión en la que los dirigentes de la facción soberanista del PNV creen ver en el declive de ETA un adelanto del suyo propio. Tras la detención de los máximos dirigentes de la banda terrorista en 1992, ambas organizaciones iniciaron un ciclo de conversaciones que condujo al Pacto de Estella, suscrito en 1998. El detonante del acuerdo fueron los acontecimientos a los que dio lugar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El mundo nacionalista temió que la reacción ciudadana ante aquellos hechos supusiera el fin definitivo del terrorismo y que la ‹‹corriente›› arrastrara al nacionalismo en su conjunto. Los dirigentes del PNV y EA se lanzaron a la estrategia que, a su juicio, podía sacarles del estancamiento electoral que venían sufriendo defendiendo exclusivamente posturas autonomistas.
Podemos apreciar analogías entre la postura de los partidos nacionalistas aún gobernantes y las adoptadas por los mismos en el pasado inmediato. La última propuesta soberanista de Ibarreche, planteada en los mismos términos agónicos que la anterior, bien podría constituir un nuevo salto en el vacío ante el temor al fin definitivo del terrorismo y, por ende, de la pérdida de la relativa hegemonía electoral de la que han dispuesto hasta ahora.
La consulta planteada por Ibarreche, apoyada por cierto con más entusiasmo por EA y EB que por los dirigentes del PNV, contiene un claro mensaje que bien podría considerarse un intento de chantaje emocional a la ciudadanía vasca y española en su conjunto. Desde el comienzo de la democracia el nacionalismo no violento asumió la existencia de un conflicto histórico de naturaleza política, cuya solución sólo podría pasar por la negociación política entre los agentes implicados en el mismo: las fuerzas nacionalistas que, según ellos, representarían al Pueblo Vasco y los partidos de ámbito estatal, que serían los representantes del Estado. El ‹‹conflicto››, formulado a partir de presupuestos nacionalistas debe tener, obviamente, una solución en el sentido de satisfacer al menos la demanda de autodeterminación, aunque ésta no se apoye en una base social relevante.
Ante la actual debilidad de ETA, en todas sus expresiones, y el lento pero continuo declive electoral del nacionalismo en el poder, la nueva apuesta que trata de aprovechar el último coletazo del terrorismo, tomando el relevo de ETA en el terreno conquistado por ésta para la soberanía, advirtiendo a la ciudadanía y a los poderes del Estado que el fin del terrorismo sólo es posible si se hacen las concesiones políticas que satisfagan sus principales aspiraciones, en gran medida coincidentes con las de los violentos.
No es ésta la primera apuesta soberanista del PNV, pero en las dos anteriores el resultado fue el contrario al buscado. Durante la tregua de 1998/99 se celebraron las elecciones autonómicas y locales y en ambas el PNV perdió apoyo. Tras la formulación del Plan Ibarreche, el PNV perdió de nuevo apoyo en las elecciones autonómicas de 2005. Tras conocerse, en líneas generales, el contenido de la consulta, el PNV volvió a perder votos en las últimas elecciones generales.
Lo llamativo en este caso es que el sofisma no parte del entorno etarra, como es habitual, sino de los que se declaran respetuosos con la democracia y la legalidad.
Lo llamativo en este caso es que el sofisma no parte del entorno etarra, como es habitual, sino de los que se declaran respetuosos con la democracia y la legalidad.
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