A CUESTAS CON LA CONSULTA ‹‹ILEGAL››

Hoy se ha debatido en el Parlamento Vasco el proyecto de ley que regula la consulta planteada para el próximo mes de octubre por el tripartito del Gobierno Vasco. Los discursos de los portavoces parlamentarios no han diferido de las opiniones vertidas por los distintos agentes políticos desde que se dio a conocer públicamente el contenido del proyecto de ley.

Durante este tiempo han sobresalido, desde el Gobierno y la oposición del PP, así como fundamentalmente desde los medios de comunicación del ámbito ideológico de la derecha las calificaciones de ‹‹ilegal›› e inconstitucional. Resulta al menos curioso comprobar como se arrogan la competencia para otorgar carácter ilegal o constitucional a una ley autonómica, sin que se conozca el medio por el que los que la cuestionan, han recibido tales atribuciones.

Lo cierto es que la ley de consulta se apoya en el punto e) del artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, el cual atribuye a los poderes públicos vascos, en el ámbito de sus competencias la facultad para facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.

Ibarreche trata de ampararse en el citado precepto para sustentar su propuesta. Añade que la misma tiene cabida en la legalidad debido a que la consulta carece de carácter vinculante. Según reconoce, el órgano convocante carece de competencia para aplicar las medidas derivadas del resultado de la consulta.

El citado precepto, que permite y fomenta la participación ciudadana en la vida política, con la redacción dada en el Estatuto, debe entenderse referida a las materias que constituyen las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. A mi juicio, los asuntos contenidos en la consulta planteada excedería claramente de las atribuciones conferidas al Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. En cualquier caso será el Tribunal Constitucional, en su caso, el que dirima al respecto.

No obstante, y al margen de la opinión de cada uno previa a la intervención del Tribunal Constitucional sobre la adaptación de la Ley al marco legal vigente, queda fuera de toda duda el oportunismo y la falta de rigor político de Ibarreche y del tripartito Vasco, al plantear unilateralmente y en términos torticeros unas preguntas cuyo contenido, en el mejor de los casos, la mayoría de los convocado entenderán con dificultad.
Si Ibarreche y sus aliados no conocen aun la opinión de la ciudadanía vasca respecto de la pervivencia del terrorismo y los anhelos independentistas, y quieren conocerla, con valentía deberían plantear su consulta en términos más claros y próximos a las que parecen ser sus posturas, en términos de los principios éticos y democráticos, podrían valer, por ejemplo, las siguientes:
“1.- ¿Desea Usted el final de la violencia, de una vez y para siempre?”
“2.- ¿Desea Usted que el País Vasco, Navarra y los territorios vascos de Francia constituyan un estado independiente de España y Francia?.
A buen seguro les agradeceríamos la claridad. Además como la consulta carece de carácter vinculante, las preguntas, en los términos citados no deberían crear más problemas de legalidad que los ocasionados por la formula actual, y en cualquier caso, la valoración del sometimiento o no a la legalidad vigente siempre quedaría a juicio de los órganos jurisdiccionales correspondientes.